El acceso a la educación superior no está garantizado para todos, y quienes logran llegar al mercado laboral hallan precariedad (más si se es mujer), cuenten con licenciatura, posgrado o no, revelan cifras oficiales: el 66.8 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años no asiste a la escuela, el 5.8 por ciento no tiene empleo, el 59.5 por ciento labora en la informalidad, y 15.2 millones viven en pobreza por ingresos. En resumen, el 44.3 por ciento de los jóvenes mexicanos están en pobreza.
Para especialistas en materia, las alternativas que encuentran son la migración, la informalidad o el crimen organizado. Esto es a lo que se enfrentará el nuevo gobierno que ha respondido con el programa «Jóvenes Construyendo el Futuro».
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– A una gran cantidad de jóvenes se les ha cancelado el futuro, reconoce el programa «Jóvenes Construyendo el Futuro» planteado por el próximo gobierno. Especialistas aseguraron que el obstáculo a una educación superior, la falta de capacitación a estudiantes y los salarios bajos en el mercado laboral son la raíz de que el 44.3 por ciento de los jóvenes viva en situación de pobreza en México y con riesgo a recurrir a la migración o a actividades ilícitas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además, el 87 por ciento de las personas en pobreza, tanto extrema como moderada, y vulnerables a serlo, son jóvenes. En el caso de indígenas de esa edad, el 72.8 por ciento está en esa situación.
En el país viven 21.6 millones de mexicanos entre los 15 y 24 años que están en condiciones de trabajar y/o estudiar, pero el 66.8 por ciento de 15 a 29 años no asiste a la escuela, el 5.8 por ciento no tiene empleo, el 59.5 por ciento labora en la informalidad, y 15.2 millones viven en pobreza por ingresos, muestran cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El investigador de la Iberoamericana Miguel Reyes, dijo que el problema más allá del acceso a la educación es que no se han creado suficientes empleos bien pagados y no precarios.
«Dos terceras partes de la población joven y el 60 por ciento de la población total están en precariedad, porque no le pagas por encima de la línea de pobreza, trabajan más de ocho horas, no hay seguridad social, no hay prestaciones de ley», documentó. «El mensaje que se le envía a los jóvenes y a la sociedad es: migración, informalidad, crimen organizado. Los sicarios son jóvenes que por 4 o 6 mil pesos cortan cabezas, matan, trafican. Son poblaciones enteras que captura el crimen organizado porque no hay nada qué hacer en esas localidades en términos de actividad económica y capturas generaciones completas», sostuvo.
La economista Carmen Ponce coincidió en que «además de la migración o la delincuencia, hay empobrecimiento en los jóvenes [que no pueden estudiar ni trabajar]. Los que trabajan también viven en condiciones de pobreza, y los salarios de las mujeres son más bajos», planteó.
El programa «Jóvenes Construyendo el Futuro», presentado esta semana por Luisa Alcalde, próxima titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca abordar dos problemáticas: el acceso al trabajo y completar los estudios universitarios para 2.6 millones de jóvenes de los 3.9 millones que no pueden estudiar ni trabajar en el país, el 22 por ciento de la población joven.
«Siete de cada 10 mal llamados ninis son mujeres. No acepto ese término porque son jóvenes que no pudieron tener acceso a la escuela y que tampoco pudieron tener acceso al trabajo», dijo la economista Carmen Ponce.
Gerardo Franco, investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), afirmó que «se trata de la ausencia de una política pública verdaderamente encaminada a atender las necesidades de los jóvenes».
De septiembre a noviembre, casa por casa se les inscribirá en el programa para que estudien o se capaciten en actividades productivas con empresas pequeñas, medianas y grandes, del sector público, privado y de organizaciones sociales. El Gobierno federal es quien les pagará con una beca de 3 mil 600 pesos mensuales hasta por un año y les dará seguro social. No hay costo para el empresario. Se calcula una inversión de 110 mil millones de pesos, por lo que se solicitará un informe mensual para el control de recursos.
«Una parte del sector productivo dice que no encuentra empleados capacitados; los muchachos por su parte no tienen las competencias necesarias», aseguró Tomás Pérez Alvarado, investigador de la UNAM y consultor en temas de empleabilidad. «Tiene que ver mucho el dinamismo de la vinculación y que las habilidades de los muchachos estén asociadas a una certificación que sea reconocida en centros de trabajo».
En el caso de los 15 millones de jóvenes ocupados, el 59.5 por ciento (8.9 millones) labora en el sector informal, en su mayoría de 15 a 19 años en el sector servicios, de acuerdo con el Inegi.
«Los porcentajes de desempleo está en gente que tiene licenciaturas y maestrías. La educación ya no representa la opción», dijo la economista Carmen Ponce. «[Y] la juventud que trabaja lo hace en condiciones muy difíciles y carece de seguridad social».
En mujeres jóvenes la situación es peor: son tres veces más propensas a no tener empleo, a no estudiar y no recibir capacitación, en comparación con los hombres, de acuerdo con la OCDE.
«Hay más pobreza femenina», sentenció la economista Carmen Ponce.
«Hay un proceso de discriminación muy fuerte en el mercado laboral hacia las mujeres. Además, el mercado laboral es masculino. Las mujeres necesitan un horario flexible, porque también tienen que cumplir con sus obligaciones de carga de género que están en el espacio privado que son el trabajo del hogar, el cuidado de los hijos, enfermos, ancianos y la alimentación», explicó.
FUTURO SOMBRÍO PESE A EDUCACIÓN Y EMPLEO
El programa de «Jóvenes construyendo el futuro» apoyará a 300 mil jóvenes que hayan concluido el bachillerato y busquen realizar estudios universitarios. Será coordinado y operado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la cual se garantizará el acceso a estudios superiores y se otorgarán becas de 2 mil 400 pesos mensuales a jóvenes de bajos recursos mientras duren sus estudios universitarios.
Pero Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, explicó que la situación de los jóvenes no es un problema de educación, ya que en México cada vez más gente tiene preparatoria, universidad y cada vez menos gente tiene solo la primaria. Pero se llegó a un punto en que los logros educativos ya no sacan de la pobreza y tampoco reducen la precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores.
Tomás Pérez Alvarado, investigador de la UNAM, agregó que la educación superior no está preparando a los jóvenes para enfrentar el mercado laboral.
Por nivel educativo, en el caso de los adolescentes, el 52.8 por ciento reportó al Inegi tener un nivel de escolaridad básico; 41.8 por ciento tenía al menos un grado en la media superior y 4.1 por ciento al menos un grado de educación superior.
En el caso de los jóvenes con empleo, tienen un nivel salarial bajo.
«En 2005, una persona con posgrado ganaba 24 mil pesos y para 2016 ya gana 14 mil pesos. Una persona con licenciatura en 2005 ganaba 11 mil 200 pesos y en 2016, 7 mil 600 pesos. La precaridad laboral no solo es a nivel salario mínimo», documentó Carmen Ponce basada en el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.
«Ocho de cada diez jóvenes no alcanza el salario mínimo y de mujeres es siete de cada diez», añadió. «Debajo de la línea de bienestar del Coneval es el 52 por ciento».
Para Reyes Hernández, esta condición laboral ofrece algunas salidas: una de ellas es el fortalecimiento de la migración. Entre 2006 y 2007, la salida de mexicanos bajó con la crisis económica porque Estados Unidos dejó de necesitar empleados; subió entre 2013 y 2015, y volvió a caer y llegó un saldo migratorio cero, en el que casi los que entran son los mismos que salen.
Si no es la migración, es la informalidad. Sigue siendo el 56 por ciento de la población ocupada (julio, 2018) que no cuenta con condiciones de seguridad social.
O está el crimen organizado. «La violencia que ha crecido en el país en los últimos años no es una cuestión gratuita resultado de una estrategia fallida, sino que se necesita un caldo de cultivo para que eso ocurra. En una sociedad en la que la gente gana bien por su trabajo, donde tiene bienestar, ¿quién pensaría en arriesgar su propia vida? No hay posibilidades de movilidad social, ni siquiera estudiando», planteó Reyes.
DESEMPLEO O INFORMALIDAD
Invertir en educación no garantiza encontrar un empleo. Gerardo Franco, investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), comentó en entrevista que son los jóvenes los que tienen la situación más complicada. Por un lado, los jóvenes en pobreza enfrentan, respecto a sus padres, un aumento en los años de escolaridad, pero con pocos espacios de incorporación al mercado laboral.
“Eso resulta en una situación de frustración. La respuesta a esto es el acceso a otras actividades que pueden ser ilícitas o terminar como los mal llamados ‘ninis’. […] Tenemos un Instituto Mexicano de la Juventud con una presencia escasa, con programas y proyectos bastante acotados, con un presupuesto muy escueto y programas que no son capaces de atender a la gran población y mucho menos a los jóvenes rurales. Ante la incapacidad de atender problemas más generales, se concentran en problemas más pequeños», dijo.
El 5.8 por ciento (unos 3 millones) de jóvenes de 15 a 29 años no trabaja, casi el doble del nivel nacional de desempleo (3.5 por ciento en julio), reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La desocupación más alta se registra en la población de 20 a 24 años con 6.7 por ciento, en el grupo de 15 a 19 años es de 6.4 por ciento, y para 25 a 29 años es de 4.6 por ciento.
Durante el primer trimestre de 2018, de los 15 millones de personas jóvenes ocupadas de 15 a 29 años, el 59.5 por ciento (8.9 millones) labora en el sector informal sin seguridad social.
Por grupos de edad, el trabajo informal predomina en la población más joven ya que 28.8 por ciento tiene de 15 a 19 años. Por sector, laboran más en servicios con 36.9 por ciento del total, sobre todo en hospedaje y alimentos, seguido por el agropecuario, 19.5 por ciento; la industria manufacturera, 12.2 por ciento y de la construcción con 11.1 por ciento.
Además, sin estancias infantiles, a las mujeres se les complica obtener un empleo, determinó la economista Carmen Ponce.
«Si te embarazas a los 18 años, y quieres trabajar, ¿dónde dejas a tu hijo?», planteó. «Seis de cada 10 trabajadoras no tiene seguridad social para llevarlos a las guarderías del IMSS o ISSSTE, por lo que el 70 por ciento de las trabajadoras con hijos los dejan con familiares».
¿ES VIABLE EL PROGRAMA DE AMLO?
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que dirigirá Luisa Alcalde, vinculará a 2.3 millones de jóvenes con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría, y con ello alejarlos de actividades antisociales.
«Las elevadas tasas de desempleo juvenil están atribuidas a la carencia de una intermediación eficaz y a la falta de experiencia profesional. Los programas de capacitación laboral parten de la premisa de que la entrega de habilidades claves incrementan la probabilidad de que jóvenes obtengan un trabajo estable y contribuyen a reducir la brecha de competencias entre los generadores y los buscadores de empleo», justifica el programa «Jóvenes construyendo el Futuro».
La actual Secretaría del Trabajo reportó en su VI informe que el subprograma «Bécate» promueve y opera capacitación en las empresas para facilitar el acceso de jóvenes al empleo. De septiembre de 2017 a junio de 2018, se atendió a 53 mil 064 jóvenes, de los cuales 38 mil 567 se colocaron en un empleo, por lo que la tasa de colocación fue de 72.7 por ciento.
«Con la Reforma de Trabajo de 2012 se autorizó el trabajo temporal y algunos sin sueldo», expuso la economista Carmen Ponce.
El investigador de la UNAM Tomás Pérez Alvarado, consultor en temas de empleabilidad, capacitación y empresas, prevé retos normativos, logísticos y de inserción laboral para el programa del siguiente gobierno.
Las prácticas profesionales no se encuentra presente ni en la Ley General de Educación ni en la Ley Federal del Trabajo.
«Con la mayoría en ambas cámaras legislativas, no sería difícil revisar al menos dos artículos relacionados con la figura de aprendiz: el artículo 47 de la Ley General de Educación (que se refiere a los contenidos de la educación definidos en planes y programas de estudio), y el 153 de la Ley Federal del Trabajo (que se refiere a la capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo)», propuso Pérez en un texto de la revista Nexos.
En entrevista, planteó que además de lo normativo, está la cuestión logística sobre cuáles serán los filtros para incorporarlos al programa y los planes para que tengan un real aprendizaje, así como el tipo de certificación que esté asociada a empleos.
«Lo último es darle seguimiento a la inserción de los muchachos para que el programa tenga una efectividad real; que consigan un empleo», expuso.
De los 2.3 millones de potenciales beneficairios, el 70 por ciento se vinculará al sector privado (empresas, talleres, instituciones financieras o de investigación), el 20 por ciento al sector público (función pública administrativa federal o local) y el 10 por ciento al sector social (organizaciones de la sociedad civil), tomando en cuenta sus intereses y lugar de residencia.
A principios de julio, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el plan al sector empresarial, el cual se mostró dispuesto a cooperar. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), explicó que las compañías se comprometen a acondicionar los espacios para que un instructor pueda dar la formación a jóvenes aprendices.
«Haremos toda la organización en coordinación con el señor Alfonso Romo. Haremos los trabajos de transición y específicamente por programas y sectores, en este caso con la Secretaría de Trabajo y la de Economía», declaró el líder empresarial. «Esto nos entusiasma mucho».
No obstante, el investigador Tomás Pérez Alvarado recordó que en julio de 2013, el entonces Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, se comprometió a que para febrero de 2014 habría una legislación que institucionalizaría y ampliaría el modelo de formación dual con empresas, algunas de Alemania o Suiza.
Además, fijó metas para el año 2018: tener una matrícula de 10 mil estudiantes e involucrar a mil 500 empresas en dicha formación dual. Pero en el V Informe de Gobierno se señala que durante el ciclo escolar 2016-2017, en el modelo dual participaron 2 mil 511 estudiantes y 423 empresas.
Y López Obrador busca hacerlo con 2.3 millones de jóvenes.
Sobre el programa dual de la presente administración, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluó que no hay un marco nacional de cualificaciones ni una evaluación formal en términos del rendimiento de los graduados en el mercado laboral, y la sostenibilidad financiera sigue siendo un aspecto crucial.
